HAYA DE LA TORRE, SU CONSTITUCIÓN Y LA NUEVA REALIDAD

Un 12 de julio de 1979, Victor Raul Haya de la Torre firmaba la llamada Constitución del siglo XXI. Incorporaba un conjunto de aportes sustantivos que reivindicaban al hombre, redimensionaba el concepto del trabajo, la seguridad social, afirmaba los derechos ciudadanos le daba carácter constitucional a un conjunto de garantías expresadas en una nueva dimensión de la convivencia ciudadana y en el marco de lo que se llamó  entonces, una economía social de mercado
Esta experiencia constructiva de una nueva democracia, se truncó abruptamente el 5 de abril de 1992, cuando, avalado por un militarismo insulso y evidenciando vocación autoritaria, Alberto Fujimori Fujimori produjo un golpe de Estado instaurando un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional que vulneró el Estado de Derecho, intervino  y cerró poderes distintos al Ejecutivo,  imponiendo un gobierno de corte dictatorial en la que se compró -literalmente-, conciencias y voluntades, en tanto los opositores, fueron perseguidos, encarcelados o exiliados.
Por la fuerte presión internacional y la reacción de sectores políticos internos, el 17 de junio de 1992 Fujimori tuvo que revestirse de una cobertura democrática y convocó a elecciones que se realizaron en medio de denuncias de fraude el 22 de noviembre del mismo año, instalando el Congreso Constituyente Democrático (CCD) el 30 de diciembre de 1992. Dicha institución, elaboró una nueva Carta Magna presentada al país el 26 de agosto de 1993 que algunos constitucionalistas llaman «Estatuto» porque su ilegitimidad y esa «legalidad al amparo de un golpe de Estado» larga y seriamente cuestionada.
El cuerpo legal, exhibió  cambios a la Constitución precedente y le otorgó autonomía al Consejo Nacional de la Magistratura, eliminó la Estabilidad Laboral, otorgó mayores facultades al Poder Ejecutivo y al presidente de la República, impuso la unicameralidad, creó la Defensoría del Pueblo y, sobre todo, puso énfasis en reducir absolutamente el rol empresarial del Estado y su participación en la economía, privilegiando el modelo liberal y el llamado libre mercado.
 
El tiempo se encargó de desbaratar el mamotreto dictatorial del fujimorismo y, agotado su modelo, el Estatuto de 1993 (del que incluso se retiró la firma del ex presidente Fujimori) ha sido superado por la realidad, proponiendo los sectores más radicales ir a una Asamblea Constituyente en el afán de replicar el modelo chavista, frente a quienes consideran desde una variedad de perspectivas ideológicas, la necesidad de encontrar el marco legal que proteja a los ciudadanos de la crisis sobreviniente a la pandemia, permita  una lucha sin cuartel contra la corrupción, la impunidad y la incapacidad criminal del gobernante que ha permitido la muerte de miles de peruanos abandonados a su suerte, abriéndose paso la posibilidad del retorno ordenado al espíritu y a la Constitución de 1979, naturalmente, con las modificaciones necesarias que los tiempos sugieren, para poder finalmente, transitar por esa ruta inexplorada aún, en la que aquella Carta Magna proponía el desarrollo, la defensa del ciudadano, un nuevo orden social y el bien común, todo, en un nuevo contrato social. En todo caso, el tema está planteado y reabierta la polémica.

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